El 22/03/13, carmelo teran escribió:
> Para la página.
>
> Una aportación importante de un importante contacto del CAOMIR:
> . El poder de los militares sobre las sociedades latinoamericanas,
> aplastante en los años 70, se debilitó considerablemente en las
> últimas dos décadas. Incapaces de dominar la presión social, de
> administrar sociedades que se habían vuelto muy complejas y de
> integrar sus países en la economía mundial, los militares se
> replegaron. Pero en los años 90 volvieron a escena discretamente.
> Acusados por su conducta en el pasado, visten trajes nuevos y
> desempeñan nuevas funciones, que les permiten seguir siendo poderosos
> agentes políticos y económicos.
>
> Son dos caras de una moneda. De un lado, la humillación: el general
> Augusto Pinochet espera detenido en Gran Bretaña sucesivas
> resoluciones judiciales, mientras que militares argentinos declaran
> ante los jueces por el robo de niños de desaparecidos y tráfico de
> armas. El mismísimo general Rafael Videla, que lideró el golpe de
> 1976, está detenido. Incapaces de admitir que es aplicación de
> justicia, los uniformados de América Latina arguyen que los jueces que
> los persiguen (no sólo de sus países sino inclusive extranjeros, algo
> inadmisible para hombres de una sola patria), responden a una conjura
> socialista.
> Entre tanto, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de
> Guatemala, impulsada por la ONU, ofrece datos escalofriantes sobre la
> represión durante los 36 años de guerra: 200.000 muertos, miles de
> violaciones de los derechos humanos, un millón de desplazados1. Y
> además dos aspectos cruciales: el 93% de esos hechos fueron cometidos
> por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado apoyadas e incluso
> estimuladas por Estados Unidos. En México, desde 1997 vienen saliendo
> a la luz numerosos casos de corrupción militar vinculada al
> narcotráfico.
> La otra cara de esta moneda es el reconocimiento electoral. Símbolo de
> la represión durante los años ´70 en Bolivia, el general retirado Hugo
> Banzer es presidente de su país desde 1997. Hugo Chávez fue elegido
> presidente de su Venezuela en unas elecciones de gran transparencia,
> después de haber liderado un intento de golpe militar en 1992. En la
> toma de posesión, el 2 de febrero pasado, el nuevo mandatario anunció
> que rehabilitará a los miembros expulsados entonces de las fuerzas
> armadas y denominó "mártires" a quienes murieron en los combates.
> Chávez no pertenece a la generación de los ´70. Su intento golpista de
> 1992 fue un impulso populista de resistencia a los planes de ajuste
> del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y al impacto de la
> mundialización. Su programa reivindica un gobierno fuerte, que rompa
> con el tradicional bipartidismo entre socialdemócratas y
> socialcristianos, la lucha contra la corrupción y el neoliberalismo, a
> la vez que muestra simpatía por la "tercera vía" de Tony Blair.
> En Guatemala, el ex dictador general Efraín Ríos Montt fue elegido
> presidente del Congreso en 1994 y trata de reciclar su imagen para
> llegar al poder en las elecciones del año próximo. En Colombia, el
> general Harold Bedoya, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas,
> intentó presentarse como candidato a las elecciones de 1998.
> Entre esos dos polos -el oficial acusado y el reencarnado en político-
> emerge desde las sombras la figura del parapolicial. Hasta ahora
> mercenarios del poder, los asesinos que hacían el trabajo sucio en
> Argentina, Colombia o Guatemala se escondían detrás de siglas, como la
> Alianza Anticomunista Argentina en los años ´70 o las Unidades de Auto
> Defensa de Córdoba y Urabá. Pero ahora están saliendo a la luz y
> exigen que su poder armado y económico tenga también un reflejo
> político. Es el caso del paramilitar colombiano Carlos Castaño, que
> quiere participar en las negociaciones de paz2. En Chiapas quieren
> tener tanto peso como los Zapatistas (ver página 18). Creados y
> subcontratados por diferentes poderes -entre otros las fuerzas
> armadas- para realizar tareas especiales, los paramilitares permiten
> al oficial de carrera situarse en otra dimensión, por encima del
> cuartel y de la guerra, o sea, dentro del mercado y eventualmente en
> la política.
> Los militares latinoamericanos se encuentran en un momento de
> redefinición de su papel. Desde el siglo XIX fueron el elemento fuerte
> de Estados en construcción. Se alinearon primero con el poder
> latifundista y luego con las burguesías locales para preservar sus
> intereses. Tuvieron sus momentos populista-nacionalistas,
> especialmente en México, Brasil, Argentina y Perú (Cárdenas, Vargas,
> Perón, Velasco Alvarado), pero desde los años 60 en adelante
> protegieron los intereses y valores dominantes, adiestrados técnica e
> ideológicamente por EE.UU., con una misión anticomunista universal.
> Ahora reemergen: una fortaleza dentro del Estado democrático con el
> objetivo de marcarle sus límites y como actores en el mercado
> ultraliberal para defender sus intereses dentro del competitivo orden
> establecido.
>
> Empujar los límites judiciales
>
> En Argentina las víctimas exigen justicia, pese a los indultos y leyes
> de Punto Final y Obediencia Debida que consagran la impunidad de los
> militares3. Se libran batallas judiciales para enjuiciar a oficiales
> de las fuerzas armadas implicados en la venta ilegal de material
> militar a Croacia durante la guerra de Bosnia y a Ecuador en su guerra
> con Perú. Una cuestión sensible, en la medida que Argentina (al igual
> que Uruguay y otros países de la región) ha participado en misiones de
> mantenimiento de la paz (incluyendo la ex Yugoslavia) como forma de
> ganar legitimidad internacional y dar una misión a los militares.
> Prosiguen las investigaciones sobre el secuestro y adopción ilegal de
> hijos de desaparecidos, al tiempo que surgen más datos sobre el diseño
> de la represión, que incluía hasta maternidades clandestinas en los
> campos de detención. La justicia argentina, pese a todas las trabas
> institucionales que ha puesto en marcha el gobierno de Carlos Menem a
> través de la Corte Suprema y las Cámaras Federales (o Audiencias
> Provinciales), va ampliando su actuación: hijos de desaparecidos,
> cuentas bancarias internacionales y, ahora, acusaciones de
> antisemitismo, organizado durante la dictadura. El rabino Daniel
> Goldman y otros líderes judíos han testimoniado ante el juez español
> Baltasar Garzón, que lleva las causas contra Pinochet y otros
> militares argentinos4.
> Las denuncias sobre las actuaciones de las fuerzas armadas causan
> fuertes tensiones entre el poder civil y el militar. Aunque esto
> muestra los límites de las instituciones democráticas, sirve para
> impulsar el debate político acerca del alcance de la justicia. En
> Paraguay, el caso del ex general golpista Lino Oviedo provocó la
> renuncia del presidente Raúl Cubas en marzo pasado. Oviedo lideró en
> 1996 un intento de golpe de Estado y fue condenado a diez años de
> prisión. En febrero último la Corte Suprema ordenó su vuelta a la
> cárcel y el presidente Cubas, que le había puesto en libertad y
> restituido sus derechos políticos, se negó.
> Oviedo estaba haciendo campaña electoral y quería seguir el camino de
> Banzer y Chávez. En este marco fue asesinado el vicepresidente Luis
> María Argaña, que lo enfrentaba. La situación presagiaba un golpe de
> Estado, pero un pacto interno, apoyado por EE.UU., el Vaticano, Brasil
> y Argentina, permitió llegar al poder a una mezcla de partidarios del
> ex dictador Alfredo Stroessner y la oposición democrática. Oviedo y
> Cubas partieron al exilio5.
> Asediados por la pobreza, los altos índices de criminalidad y la
> corrupción de las élites políticas, amplios sectores de las sociedades
> latinoamericanas se sienten desilusionados de las democracias. Esto ha
> favorecido el ascenso electoral de militares que retoman símbolos de
> fuerza, populismo nacionalista y críticas a la ineficiencia del poder
> civil. Una encuesta venezolana indica que el 48% de los entrevistados
> están de acuerdo con la propuesta de Chávez de disolver el Congreso6.
> "Con sistema legales demasiado débiles o corruptos para reforzar la
> ley y el orden, los latinoamericanos se defienden a sí mismos,
> retroceden detrás de vallas cada vez más altas, forman comités de
> vecinos de vigilancia o toman la ley, muchas veces letalmente, en sus
> manos. No es de extrañar que haya tantos ex oficiales de las fuerzas
> armadas haciendo fuertes campañas para ser presidentes" , dice un
> informe periodístico7. En Argentina, el general Antonio Bussi,
> destacado represor en Tucumán durante la última dictadura -esa
> provincia que tuvo el mayor número de desaparecidos- es ahora su
> gobernador; el golpista militar carapintada ex teniente coronel Aldo
> Rico es intendente del popular distrito de San Miguel, en la periferia
> de la ciudad de Buenos Aires, donde hace unas semanas ocupó un
> hospital al frente de un grupo de matones8.
> Este ascenso va unido a violaciones de derechos humanos por parte de
> las fuerzas de seguridad y a cambios en la legislación realizados con
> la excusa de combatir la criminalidad, pero que recortan los ya
> frágiles sistemas de libertades en una cantidad de países, desde
> Argentina a Trinidad Tobago, pasando por la República Dominicana y
> Guatemala9.
> Los militares están construyendo enclaves de poder, Estados dentro del
> Estado: tienen sus propias cortes de justicia y en muchos casos
> controlan la policía y los servicios de inteligencia. Siguen sirviendo
> a los intereses civiles más poderosos, pero ganan espacio en el
> sistema económico y político de poder. Para los frágiles gobiernos
> democráticos la opción está en aceptar sus condiciones o verse
> presionados. Así, el cuerpo militar obtiene lo que quiere sin
> necesidad de acudir al golpe de Estado10.
> Las formas que este procedimiento ha adoptado son diversas. En Chile
> se instituyó un bloque militar -con Pinochet como figura líder- en la
> legislatura: un límite a los diputados para que no puedan legislar en
> contra de las fuerzas armadas. En Perú, los militares gobiernan con el
> civil Alberto Fujimori. Después del breve interludio populista
> nacionalista del general Velasco Alvarado en los ´70, los militares
> cerraron filas en torno a la burguesía local, libraron su guerra
> contra la guerrilla, y desde 1992 gobiernan el país con un grupo de
> tecnócratas civiles y militares, aplicando durísimos métodos de
> represión selectiva. El poderoso Servicio de Inteligencia Nacional
> (SIN), encarnado en la figura del general Vladimiro Montesinos, es el
> centro del poder. El presidente Fujimori se encarga de obstruir todas
> las acusaciones contra las fuerzas armadas por corrupción y represión.
>
> Empresarios de uniforme
>
> En Colombia, Ecuador, Guatemala y Chile los militares tienen fuertes
> propiedades en los sectores petróleo, hoteles, propiedad inmobiliaria
> y líneas áereas, entre otros11. Las fuerzas armadas chilenas han
> participado activamente de la apertura de Chile al mercado
> internacional y controlan por ley el 10% de los recursos derivados de
> la exportación de cobre. Una ley similar asegura a los militares
> ecuatorianos el 15% de los ingresos por ventas de petróleo para los
> próximos 15 años. Los militares brasileños forman parte de la
> industria militar. Y en Argentina el gobierno de Menem le ha dado
> trabajos y prebendas tanto a los altos mandos como a los intermedios,
> para que no dedicasen sus esfuerzos a sabotear la democracia. También
> los ejércitos centroamericanos tienen fuertes intereses, que se
> ocuparon de asegurar antes de que se firmaran los acuerdos de paz o se
> efectuarán traspasos de gobiernos.
> Los militares ya no se conciben como sustitutos directos del poder
> civil, sino como actores con poder propio para imponer sus prioridades
> y como una eventual alternativa de poder. Las nuevas generaciones de
> las fuerzas armadas perciben además que las decisiones políticas
> nacionales están contrapesadas por el contexto internacional. Por
> encima de sus intereses nacionales hay proyectos estratégicos
> geoeconómicos a los que deben ajustarse y participar: el Tratado de
> Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU., Canadá y México, el Mercosur,
> la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, Caricom y, por
> último, el Area de Libre Comercio Americana, para el año 2005. Todo
> eso genera integraciones de seguridad, a partir de los acuerdos
> comerciales y económicos12. El general de división argentino Juan
> Bossi afirma: "Les cabe a las Fuerzas Armadas un rol trascendente en
> el fomento y desarrollo de los procesos de integración regional" .
> Además, EE.UU. prefiere democracias limitadas y coordinadas que
> dictaduras militares aisladas. La reciente propuesta del ministro de
> Interior argentino Carlos Corach de permitir la intervención militar
> en tareas de seguridad -formulada en Guatemala, ante la Asamblea
> General de la Organización de Estados Americanos- va en esa dirección,
> aunque está prohibida por las leyes de casi todos los países13.
> Pero todos estos proyectos, unidos al impacto de las crisis monetarias
> internacionales (como se aprecia ahora en Brasil), implican un modelo
> social jerárquico y competitivo que provocará más desequilibrios
> sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el año pasado
> que al par de los altos niveles de crecimiento, la región sufre más
> pobreza, marginación y desigualdades a causa del creciente desempleo e
> inseguridad laboral. La mayor parte de la riqueza queda en las manos
> de un 20% de los latinoamericanos14.
> Debe añadirse el papel de EE.UU., punto de referencia para los
> militares americanos desde hace medio siglo. El tradicional "patio
> trasero" será en breve el mayor socio comercial de la economía
> estadounidense, por delante de Europa y Asia. Pero al mismo tiempo
> América Latina es fuente de grandes problemas para EE.UU. -es el caso
> del narcotráfico y la emigración- que entran en su concepción de
> "seguridad continental"15. Aunque los militares latinoamericanos ya no
> se entrenen en la Escuela de las Américas, continúan los programas de
> formación. En 1998, alrededor de 2.700 soldados y oficiales de tropas
> especiales de EE.UU. fueron desplegados en los 19 países de América
> Latina y en nueve del Caribe para entrenar a los ejércitos locales en
> la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia. La mayor parte
> de esta formación corre a cargo del Programa de Intercambio y
> Entrenamiento Conjunto del Pentágono (Pentagon's Joint Combined
> Exchange Training Program)16. A través de estos programas y la venta
> de armas (para la que levantó la veda en 1997), Washington ayuda a
> consolidar al sector más reacio a la democracia y a fortalecer su
> peligroso papel en las sociedades latinoamericana
>
>
> ________________________________
>
>
>
>
>
> EL RELOJ. Así nació esta
> Para la página.
>
> Una aportación importante de un importante contacto del CAOMIR:
> . El poder de los militares sobre las sociedades latinoamericanas,
> aplastante en los años 70, se debilitó considerablemente en las
> últimas dos décadas. Incapaces de dominar la presión social, de
> administrar sociedades que se habían vuelto muy complejas y de
> integrar sus países en la economía mundial, los militares se
> replegaron. Pero en los años 90 volvieron a escena discretamente.
> Acusados por su conducta en el pasado, visten trajes nuevos y
> desempeñan nuevas funciones, que les permiten seguir siendo poderosos
> agentes políticos y económicos.
>
> Son dos caras de una moneda. De un lado, la humillación: el general
> Augusto Pinochet espera detenido en Gran Bretaña sucesivas
> resoluciones judiciales, mientras que militares argentinos declaran
> ante los jueces por el robo de niños de desaparecidos y tráfico de
> armas. El mismísimo general Rafael Videla, que lideró el golpe de
> 1976, está detenido. Incapaces de admitir que es aplicación de
> justicia, los uniformados de América Latina arguyen que los jueces que
> los persiguen (no sólo de sus países sino inclusive extranjeros, algo
> inadmisible para hombres de una sola patria), responden a una conjura
> socialista.
> Entre tanto, la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de
> Guatemala, impulsada por la ONU, ofrece datos escalofriantes sobre la
> represión durante los 36 años de guerra: 200.000 muertos, miles de
> violaciones de los derechos humanos, un millón de desplazados1. Y
> además dos aspectos cruciales: el 93% de esos hechos fueron cometidos
> por las fuerzas armadas y de seguridad del Estado apoyadas e incluso
> estimuladas por Estados Unidos. En México, desde 1997 vienen saliendo
> a la luz numerosos casos de corrupción militar vinculada al
> narcotráfico.
> La otra cara de esta moneda es el reconocimiento electoral. Símbolo de
> la represión durante los años ´70 en Bolivia, el general retirado Hugo
> Banzer es presidente de su país desde 1997. Hugo Chávez fue elegido
> presidente de su Venezuela en unas elecciones de gran transparencia,
> después de haber liderado un intento de golpe militar en 1992. En la
> toma de posesión, el 2 de febrero pasado, el nuevo mandatario anunció
> que rehabilitará a los miembros expulsados entonces de las fuerzas
> armadas y denominó "mártires" a quienes murieron en los combates.
> Chávez no pertenece a la generación de los ´70. Su intento golpista de
> 1992 fue un impulso populista de resistencia a los planes de ajuste
> del entonces presidente Carlos Andrés Pérez y al impacto de la
> mundialización. Su programa reivindica un gobierno fuerte, que rompa
> con el tradicional bipartidismo entre socialdemócratas y
> socialcristianos, la lucha contra la corrupción y el neoliberalismo, a
> la vez que muestra simpatía por la "tercera vía" de Tony Blair.
> En Guatemala, el ex dictador general Efraín Ríos Montt fue elegido
> presidente del Congreso en 1994 y trata de reciclar su imagen para
> llegar al poder en las elecciones del año próximo. En Colombia, el
> general Harold Bedoya, ex comandante en jefe de las fuerzas armadas,
> intentó presentarse como candidato a las elecciones de 1998.
> Entre esos dos polos -el oficial acusado y el reencarnado en político-
> emerge desde las sombras la figura del parapolicial. Hasta ahora
> mercenarios del poder, los asesinos que hacían el trabajo sucio en
> Argentina, Colombia o Guatemala se escondían detrás de siglas, como la
> Alianza Anticomunista Argentina en los años ´70 o las Unidades de Auto
> Defensa de Córdoba y Urabá. Pero ahora están saliendo a la luz y
> exigen que su poder armado y económico tenga también un reflejo
> político. Es el caso del paramilitar colombiano Carlos Castaño, que
> quiere participar en las negociaciones de paz2. En Chiapas quieren
> tener tanto peso como los Zapatistas (ver página 18). Creados y
> subcontratados por diferentes poderes -entre otros las fuerzas
> armadas- para realizar tareas especiales, los paramilitares permiten
> al oficial de carrera situarse en otra dimensión, por encima del
> cuartel y de la guerra, o sea, dentro del mercado y eventualmente en
> la política.
> Los militares latinoamericanos se encuentran en un momento de
> redefinición de su papel. Desde el siglo XIX fueron el elemento fuerte
> de Estados en construcción. Se alinearon primero con el poder
> latifundista y luego con las burguesías locales para preservar sus
> intereses. Tuvieron sus momentos populista-nacionalistas,
> especialmente en México, Brasil, Argentina y Perú (Cárdenas, Vargas,
> Perón, Velasco Alvarado), pero desde los años 60 en adelante
> protegieron los intereses y valores dominantes, adiestrados técnica e
> ideológicamente por EE.UU., con una misión anticomunista universal.
> Ahora reemergen: una fortaleza dentro del Estado democrático con el
> objetivo de marcarle sus límites y como actores en el mercado
> ultraliberal para defender sus intereses dentro del competitivo orden
> establecido.
>
> Empujar los límites judiciales
>
> En Argentina las víctimas exigen justicia, pese a los indultos y leyes
> de Punto Final y Obediencia Debida que consagran la impunidad de los
> militares3. Se libran batallas judiciales para enjuiciar a oficiales
> de las fuerzas armadas implicados en la venta ilegal de material
> militar a Croacia durante la guerra de Bosnia y a Ecuador en su guerra
> con Perú. Una cuestión sensible, en la medida que Argentina (al igual
> que Uruguay y otros países de la región) ha participado en misiones de
> mantenimiento de la paz (incluyendo la ex Yugoslavia) como forma de
> ganar legitimidad internacional y dar una misión a los militares.
> Prosiguen las investigaciones sobre el secuestro y adopción ilegal de
> hijos de desaparecidos, al tiempo que surgen más datos sobre el diseño
> de la represión, que incluía hasta maternidades clandestinas en los
> campos de detención. La justicia argentina, pese a todas las trabas
> institucionales que ha puesto en marcha el gobierno de Carlos Menem a
> través de la Corte Suprema y las Cámaras Federales (o Audiencias
> Provinciales), va ampliando su actuación: hijos de desaparecidos,
> cuentas bancarias internacionales y, ahora, acusaciones de
> antisemitismo, organizado durante la dictadura. El rabino Daniel
> Goldman y otros líderes judíos han testimoniado ante el juez español
> Baltasar Garzón, que lleva las causas contra Pinochet y otros
> militares argentinos4.
> Las denuncias sobre las actuaciones de las fuerzas armadas causan
> fuertes tensiones entre el poder civil y el militar. Aunque esto
> muestra los límites de las instituciones democráticas, sirve para
> impulsar el debate político acerca del alcance de la justicia. En
> Paraguay, el caso del ex general golpista Lino Oviedo provocó la
> renuncia del presidente Raúl Cubas en marzo pasado. Oviedo lideró en
> 1996 un intento de golpe de Estado y fue condenado a diez años de
> prisión. En febrero último la Corte Suprema ordenó su vuelta a la
> cárcel y el presidente Cubas, que le había puesto en libertad y
> restituido sus derechos políticos, se negó.
> Oviedo estaba haciendo campaña electoral y quería seguir el camino de
> Banzer y Chávez. En este marco fue asesinado el vicepresidente Luis
> María Argaña, que lo enfrentaba. La situación presagiaba un golpe de
> Estado, pero un pacto interno, apoyado por EE.UU., el Vaticano, Brasil
> y Argentina, permitió llegar al poder a una mezcla de partidarios del
> ex dictador Alfredo Stroessner y la oposición democrática. Oviedo y
> Cubas partieron al exilio5.
> Asediados por la pobreza, los altos índices de criminalidad y la
> corrupción de las élites políticas, amplios sectores de las sociedades
> latinoamericanas se sienten desilusionados de las democracias. Esto ha
> favorecido el ascenso electoral de militares que retoman símbolos de
> fuerza, populismo nacionalista y críticas a la ineficiencia del poder
> civil. Una encuesta venezolana indica que el 48% de los entrevistados
> están de acuerdo con la propuesta de Chávez de disolver el Congreso6.
> "Con sistema legales demasiado débiles o corruptos para reforzar la
> ley y el orden, los latinoamericanos se defienden a sí mismos,
> retroceden detrás de vallas cada vez más altas, forman comités de
> vecinos de vigilancia o toman la ley, muchas veces letalmente, en sus
> manos. No es de extrañar que haya tantos ex oficiales de las fuerzas
> armadas haciendo fuertes campañas para ser presidentes" , dice un
> informe periodístico7. En Argentina, el general Antonio Bussi,
> destacado represor en Tucumán durante la última dictadura -esa
> provincia que tuvo el mayor número de desaparecidos- es ahora su
> gobernador; el golpista militar carapintada ex teniente coronel Aldo
> Rico es intendente del popular distrito de San Miguel, en la periferia
> de la ciudad de Buenos Aires, donde hace unas semanas ocupó un
> hospital al frente de un grupo de matones8.
> Este ascenso va unido a violaciones de derechos humanos por parte de
> las fuerzas de seguridad y a cambios en la legislación realizados con
> la excusa de combatir la criminalidad, pero que recortan los ya
> frágiles sistemas de libertades en una cantidad de países, desde
> Argentina a Trinidad Tobago, pasando por la República Dominicana y
> Guatemala9.
> Los militares están construyendo enclaves de poder, Estados dentro del
> Estado: tienen sus propias cortes de justicia y en muchos casos
> controlan la policía y los servicios de inteligencia. Siguen sirviendo
> a los intereses civiles más poderosos, pero ganan espacio en el
> sistema económico y político de poder. Para los frágiles gobiernos
> democráticos la opción está en aceptar sus condiciones o verse
> presionados. Así, el cuerpo militar obtiene lo que quiere sin
> necesidad de acudir al golpe de Estado10.
> Las formas que este procedimiento ha adoptado son diversas. En Chile
> se instituyó un bloque militar -con Pinochet como figura líder- en la
> legislatura: un límite a los diputados para que no puedan legislar en
> contra de las fuerzas armadas. En Perú, los militares gobiernan con el
> civil Alberto Fujimori. Después del breve interludio populista
> nacionalista del general Velasco Alvarado en los ´70, los militares
> cerraron filas en torno a la burguesía local, libraron su guerra
> contra la guerrilla, y desde 1992 gobiernan el país con un grupo de
> tecnócratas civiles y militares, aplicando durísimos métodos de
> represión selectiva. El poderoso Servicio de Inteligencia Nacional
> (SIN), encarnado en la figura del general Vladimiro Montesinos, es el
> centro del poder. El presidente Fujimori se encarga de obstruir todas
> las acusaciones contra las fuerzas armadas por corrupción y represión.
>
> Empresarios de uniforme
>
> En Colombia, Ecuador, Guatemala y Chile los militares tienen fuertes
> propiedades en los sectores petróleo, hoteles, propiedad inmobiliaria
> y líneas áereas, entre otros11. Las fuerzas armadas chilenas han
> participado activamente de la apertura de Chile al mercado
> internacional y controlan por ley el 10% de los recursos derivados de
> la exportación de cobre. Una ley similar asegura a los militares
> ecuatorianos el 15% de los ingresos por ventas de petróleo para los
> próximos 15 años. Los militares brasileños forman parte de la
> industria militar. Y en Argentina el gobierno de Menem le ha dado
> trabajos y prebendas tanto a los altos mandos como a los intermedios,
> para que no dedicasen sus esfuerzos a sabotear la democracia. También
> los ejércitos centroamericanos tienen fuertes intereses, que se
> ocuparon de asegurar antes de que se firmaran los acuerdos de paz o se
> efectuarán traspasos de gobiernos.
> Los militares ya no se conciben como sustitutos directos del poder
> civil, sino como actores con poder propio para imponer sus prioridades
> y como una eventual alternativa de poder. Las nuevas generaciones de
> las fuerzas armadas perciben además que las decisiones políticas
> nacionales están contrapesadas por el contexto internacional. Por
> encima de sus intereses nacionales hay proyectos estratégicos
> geoeconómicos a los que deben ajustarse y participar: el Tratado de
> Libre Comercio (TLC) entre los EE.UU., Canadá y México, el Mercosur,
> la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano, Caricom y, por
> último, el Area de Libre Comercio Americana, para el año 2005. Todo
> eso genera integraciones de seguridad, a partir de los acuerdos
> comerciales y económicos12. El general de división argentino Juan
> Bossi afirma: "Les cabe a las Fuerzas Armadas un rol trascendente en
> el fomento y desarrollo de los procesos de integración regional" .
> Además, EE.UU. prefiere democracias limitadas y coordinadas que
> dictaduras militares aisladas. La reciente propuesta del ministro de
> Interior argentino Carlos Corach de permitir la intervención militar
> en tareas de seguridad -formulada en Guatemala, ante la Asamblea
> General de la Organización de Estados Americanos- va en esa dirección,
> aunque está prohibida por las leyes de casi todos los países13.
> Pero todos estos proyectos, unidos al impacto de las crisis monetarias
> internacionales (como se aprecia ahora en Brasil), implican un modelo
> social jerárquico y competitivo que provocará más desequilibrios
> sociales. El Banco Interamericano de Desarrollo anunció el año pasado
> que al par de los altos niveles de crecimiento, la región sufre más
> pobreza, marginación y desigualdades a causa del creciente desempleo e
> inseguridad laboral. La mayor parte de la riqueza queda en las manos
> de un 20% de los latinoamericanos14.
> Debe añadirse el papel de EE.UU., punto de referencia para los
> militares americanos desde hace medio siglo. El tradicional "patio
> trasero" será en breve el mayor socio comercial de la economía
> estadounidense, por delante de Europa y Asia. Pero al mismo tiempo
> América Latina es fuente de grandes problemas para EE.UU. -es el caso
> del narcotráfico y la emigración- que entran en su concepción de
> "seguridad continental"15. Aunque los militares latinoamericanos ya no
> se entrenen en la Escuela de las Américas, continúan los programas de
> formación. En 1998, alrededor de 2.700 soldados y oficiales de tropas
> especiales de EE.UU. fueron desplegados en los 19 países de América
> Latina y en nueve del Caribe para entrenar a los ejércitos locales en
> la lucha contra el narcotráfico y la contrainsurgencia. La mayor parte
> de esta formación corre a cargo del Programa de Intercambio y
> Entrenamiento Conjunto del Pentágono (Pentagon's Joint Combined
> Exchange Training Program)16. A través de estos programas y la venta
> de armas (para la que levantó la veda en 1997), Washington ayuda a
> consolidar al sector más reacio a la democracia y a fortalecer su
> peligroso papel en las sociedades latinoamericana
>
>
> ________________________________
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> EL RELOJ. Así nació esta
